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La jueza federal María Eugencia Capuchetti procesó por el artículo 211 del Código Penal (intimidación pública) a seis personas que habrían participado de las protestas frente al Congreso por el nuevo acuerdo con el FMI, el pasado 10 de marzo. La utilización de esta figura, sumada a la condena que en noviembre pasado recayó contra dos militantes que en 2017 participaron en las manifestaciones contra la reforma jubilatoria impulsada por Cambiemos, deja al descubierto el riesgo de una escalada punitivista contra la protesta social. En Perycia te contamos las claves de esta presentación. Por Milva Benítez (Perycia).

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal como amicus curiae en el expediente en el que se discute la condena por intimidación pública contra César Arakaki y Daniel Ruiz. Ambos fueron sentenciados, en noviembre del año pasado, a penas de prisión efectiva tras haber sido identificados en las protestas contra la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2017. A raíz de estas presentaciones, la Sala I de Casación Federal, por primera vez, tiene la oportunidad de invalidar el uso arbitrario de esta figura penal contra lxs manifestantes.

El abogado de Ruiz, Martín Alderete, asegura que ni en los videos ni en los más de cien testigos —entre ellos cincuenta y tres policías— que declararon en el juicio demuestran que su defendido haya cometido un delito en la movilización del 18 de diciembre de 2017, una de las más masivas de las muchas que hubo por reclamos de alimentos y contra la reforma previsional que impulsaba Cambiemos. 

“Nadie lo recuerda (a Ruiz) ni lo identificó y la fiscalía solo presentó un video en el que se lo ve disparar pirotecnia hacia arriba, sin poner en riesgo a ningún manifestante ni a los policías que en ese momento repelían la protesta”, asegura Alderete. 

Para el abogado, además de arbitraria y absurda, la sentencia que dictó el juez Javier Ríos es peligrosa: a la condena sin pruebas se suma el uso de la intimidación pública que por su laxitud representa una amenaza contra el derecho a manifestarse. Por eso, el recurso presentado por las defensas de Arakaki y Ruiz lleva por primera vez a la Casación Federal la discusión sobre el uso de esta figura. La Sala I, integrada por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, tendrá entonces la oportunidad de revisar una condena de este tipo y  fijar un estándar en materia de derechos humanos que los estados nacionales deben aplicar en función de resguardar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

De ahí la importancia de este precedente.

Sobre todo porque, según le explica a Perycia Pablo Lachener, uno de los abogados del CELS que trabajó en la presentación, “en el último tiempo [este tipo penal] empezó a ser utilizado en los tribunales federales para suplir los déficit de investigación, cuando la acusación no puede probar lesiones concretas y atribuirlas a actores individuales en el marco de las protestas”. 

¿Qué es la intimidación pública? 

Lo que está en discusión, más allá del caso, es la utilización de la figura de intimidación pública para castigar a manifestantes que ejercen su derecho a la protesta. Justamente porque se trata de una acusación que está sujeta a la valoración de los jueces, más que al relevamiento de pruebas y de hechos. Esto, asegura Lachener, le ofrece la ventaja a la acusación de que con solo identificar a un participante de la protesta —mediante sistemas de reconocimiento policiales poco controlados— puede imputar a alguien y luego condenarlo sin pasar por mayores complejidades probatorias. 

En el artículo 211 del Código Penal este delito se describe como dar voces de alarma, hacer señales o utilizar “otros medios materiales” para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes. Y las penas que fija van de los dos a los seis años de prisión. “Se trata de una figura vaga y genérica, típica de los delitos de peligro abstracto”, dice Lachener. Y aclara que está pensada para otro tipo de situaciones: como el pánico en estampida que se puede provocar si alguien falsamente grita ‘fuego, fuego’, por ejemplo, en una estación de subte. 

En el artículo 211 del Código Penal este delito se describe como dar voces de alarma, hacer señales o utilizar “otros medios materiales” para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes. Y las penas que fija van de los dos a los seis años de prisión. “Se trata de una figura vaga y genérica, típica de los delitos de peligro abstracto”, dice Lachener.

Ahora, ¿qué son los delitos de peligro abstracto? Así como no es sencillo definirlos, tampoco es fácil defenderse de una acusación de este tipo de delitos. No hay una lesión material o física que se pueda demostrar o poner en cuestión. En síntesis, ni el Derecho se ha puesto de acuerdo sobre su constitucionalidad, más aún cuando tienen un potencial desmovilizador y se pueden utilizar para perseguir a manifestantes y cercenar el derecho a protestar. 

“La intimidación con estos estándares que fijó la condena a Arakaki y Ruiz es potencialmente peligrosa porque depende del prejuicio del juzgador, es decir, de lo que el juez considere desorden”, advierte el abogado del CELS. “Si la Casación deja pasar esto, se abre la puerta a la criminalización de la protesta social y habilita fuertes persecuciones e intervenciones policiales en contra de los manifestantes».

La prueba más elocuente de que la figura aplicada para castigar las protestas contra la reforma jubilatoria podría ser fuente de inspiración actual, es lo que sucedió el viernes 8 de abril en la causa abierta por las pedradas que causaron destrozos en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández y otras oficinas del Congreso el 10 de marzo de 2022. Luego de un mes de investigación, Capuchetti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, procesó a seis manifestantes por daño agravado e intimidación pública, un delito que podría cargarlos con hasta seis años de prisión”.

Para la jueza Capuchetti, las seis personas procesadas, que podrían terminar en la cárcel, generaron panico: “fue el comportamiento de los individuos que integraban este grupo, muchos de ellos con sus rostros tapados (como en el caso del imputado F.), lo que produjo un estado de temor en el resto de los convocados y a la población en general, que los condujo a mantener distancia y apartarse, para de esa manera no ser vinculados a los agresores”, se lee en la resolución de detención a la que accedió Perycia. ¿Infundían temor en los demás manifestantes estos seis, que supuestamente tiraban piedras? ¿Y en la “población en general”?

El amicus curiae —que se traduce como amigos del tribunal— permite que organizaciones y personas que no son parte de una causa, es decir, que no son querellantes ni participan de la defensa, puedan dejar sentada su posición en causas en las que se discuten cuestiones de trascendencia e interés social. Se trata en definitiva, de permitir la participación ciudadana en la administración de justicia. 

Nada nuevo bajo el sol judicial

“Podemos decir que son modas punitivas”, dice Lachener al ser consultado por la utilización del «entorpecimiento del transporte y servicios» (artículo 194 del Código Penal) para reprimir la protesta social, que tuvo su auge a fines de la década del 90 y principios del 2000, y el, ahora, equivalente uso de la intimidación pública para intimidar a lxs manifestantes. 

En este sentido, en 2001 la docente Marina Schifrin fue condenada por la interrupción del tránsito en un puente en la entrada de Bariloche, durante una manifestación en defensa de la escuela pública. El caso llegó incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en 2013 lo declaró abstracto porque el delito había prescripto. 

 Como no se trató la cuestión de fondo, el artículo 194 sigue siendo una herramienta utilizada para la persecución de militantes. Sin ir más lejos, esta semana la Izquierda Diario dio a conocer la detención de dirigentes políticos y sociales por manifestaciones en las calles de San Salvador de Jujuy el 3 y 30 de marzo pasado. 

Por esto mismo, advierte Lachener, es necesario “elevar el estándar de la jurisprudencia para que la protesta social no sea perseguida de cualquier manera”. 

Por eso, considera el abogado, la Sala I de la Casación Federal tiene ahora la oportunidad de no convalidar el uso arbitrario de la figura de la intimidación pública en el marco de las manifestaciones y de la protesta social. “De lo contrario —remarca—, abriría la puerta a una política criminal expansiva y persecutoria de la protesta, en tiempos en donde esta va a ir en aumento en virtud de los avatares de la economía y el nuevo ciclo de endeudamiento con los actores internacionales”.

Junto con la aprobación del programa y el apuntalamiento de las reservas a partir del envío del primer desembolso, el FMI hizo nuevas “recomendaciones” al gobierno, entre ellas la necesidad de adoptar un mayor ritmo de devaluación, una mayor eficiencia del gasto con foco en las jubilaciones, y el avance en reformas estructurales. Panorama político-sindical de la semana. Por Mario Hernández.

In memoriam del maestro Carlos Fuentealba

En el documento de 175 páginas, el FMI advierte sobre los “riesgos excepcionales” a los que está sujeto el programa (la pandemia, desequilibrios estructurales, el delicado contexto social y político, y la guerra en Ucrania), por lo cual, “los directores dieron la bienvenida al acuerdo de las autoridades para adelantar la primera revisión del programa y las urgieron a recalibrar políticas”.

De esa manera, la primera revisión se hará en mayo, casi un mes antes de lo previsto. La idea es reenfocar el gasto y mejorar la política impositiva, pero los técnicos piden ajustar la política monetaria y cambiaria para cuidar las reservas y contener el impacto de la suba de los commodities en la inflación. Por ello, sugieren acelerar el “crawling peg”, la estrategia utilizada por el Banco Central para mover el dólar en forma gradual.

El staff report advierte que el gasto primario del sector público nacional “está entre los más altos de la región y los mercados emergentes” por el aumento de subsidios a la energía y las jubilaciones entre 2005 y 2015.

En Washington ven que el sistema previsional representa 40% del presupuesto de la administración central y, sumado a las provincias, equivale al 10% del PBI en 2021, debido a una “extendida cobertura y niveles de beneficios generosos” (sic).

En ese marco el FMI insta a eliminar “rigideces presupuestarias” y “mejorar la sostenibilidad del sistema jubilatorio y el diseño del esquema de reparto para fortalecer los controles de gasto en las provincias”. Las medidas sugeridas son un manejo “prudente” de jubilaciones y salarios y mejorar la relación entre contribuciones y beneficios. Recomiendan aumentar la formalidad laboral y un aumento de la edad de retiro, a la vez que la fórmula de movilidad adoptada en 2020 es vista como un “costo alto”.

El desempleo bajó en el último trimestre de 2021 de 11% a 7% y se puso casi a la par de niveles de 2017. La buena noticia se desluce al ver la performance de la pobreza.

“El año pasado se generó un shock de creación de empleo, pero se logró con remuneraciones en promedio más bajas y trabajos más precarizados, menos productivos”, detalla Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. En estos años “el salario mínimo ha quedado muy por debajo de la línea de la pobreza”.

Para revertir esta situación Belén Rubio, responsable de análisis sectorial de Abeceb, sostiene que se requiere “un horizonte de mayor certidumbre que permita mejoras en la calidad del trabajo, en la formalidad y en el poder adquisitivo. Estamos 9,6 puntos abajo del poder adquisitivo de 2017”, dice.

Según el “Quinto relevamiento a referentes de los barrios populares en el contexto COVID-19” realizado por la Universidad de General Sarmiento a fines del año pasado, nueve de cada diez personas entrevistadas observaron una relativa regeneración del trabajo después de la pandemia. Se trata de empleos informales o precarios vinculados a la construcción, tareas domésticas, changas y auto empleo, como elaboración de comida para la venta. Según el estudio, esta percepción “se corresponde con la última información estadística disponible en la que se observa que el Conurbano bonaerense recupera tasas específicas de participación en el mundo del trabajo que están al nivel de la pre pandemia, con menores niveles de desocupación que entonces”.

Verónica Maceira, coordinadora del relevamiento junto a Alejandra Beccaria, indicó: “En el informe anterior, de junio 2021, se veía que lo que en términos más macro se estaba mostrando como recuperación, no era percibido en la periferia urbana. En este caso lo que vemos es que gran parte de los referentes están reconociendo que hay una reactivación laboral. Marca una diferencia del momento anterior, aunque el tipo de inserción que se da es característica de esa zona, un mundo de trabajo precario”.

Por séptimo semestre consecutivo, la proporción de pobres sobre el total de la población se ubicó al cierre de 2021 por arriba del 30%, fue de 37,7%, con una baja de 4,7 puntos porcentuales respecto del máximo de 42% de un año antes, pero se mantuvo 1,8 puntos porcentuales por arriba del nivel de prepandemia de Covid-19 para igual período.

Una de las causas de la resistencia a la baja de la pobreza en la Argentina -además de la persistencia de altos índices de inflación que afecta severamente a los sectores con ingresos fijos que se ajustan con notable rezago- es la precariedad que caracteriza al mercado de trabajo y que se ha agudizado en los últimos años.

Actualmente, apenas poco más de 1 de cada 3 trabajadores ocupados lo hace en condición de asalariado en el ámbito privado registrados por el SIPA, suman 6 millones, a los que se agregan casi medio millón que se desempeña bajo el régimen de Casas Particulares. Del resto de los 20,2 millones proyectados al total país a partir de la EPH del Indec, 3,4 millones lo hacen en la Administración pública nacional, provincial y municipal -como ingreso principal del mes-; 2,1 millones como Monotributistas Puros (no tienen otro ingreso habitual como asalariado o jubilado); y 7,8 millones se desempeñan en negro (4,9 millones como asalariados y 2,9 millones como independientes).

Y de las estadísticas de Generación del Ingreso que también elabora el Indec se desprende que los mayores ingresos promedio de la población trabajadora se obtienen en los puestos asalariados, privados y en el Estado. De ahí la resistencia a la baja de la pobreza y de la enorme brecha negativa que persiste entre el promedio de los recursos monetarios de los hogares y los valores de las canastas básica total e incluso alimentaria.

Según la medición oficial, a fines de 2021 mientras el valor de la Canasta Básica Total del promedio del Hogar era de $74.059, el ingreso medio del grupo habitacional integrado por poco más de 4 personas era de apenas $46.712, esto es exhibía una brecha de 36,9%, o dicho de otra manera necesitaba un aumento de recursos de 58,5% para no caer en el estado de pobreza.

El mismo ejercicio, con el valor de la Canasta Básica Alimentaria que se estimó en $31.834, define el umbral de indigencia de una familia, mostraba una brecha de negativa de 35,2%, es decir se requeriría un aumento de poco más de 54% para que a ningún argentino le falte lo mínimo indispensable para comer y desarrollarse.

En 2021 se recuperaron 1,8 millones de empleos caídos el año anterior, pero la mayoría (1,4 millones) fueron en negro.

La única manera probada en el planeta para poder superar semejantes indicadores de pobreza e indigencia es generar las condiciones para impulsar la actividad y el empleo privado registrado, de modo de revertir drásticamente la elevada brecha persistente con los puestos en negro.

La renta extraordinaria que están obteniendo los industriales por las alzas de precios de su producción por encima de los promedios nacionales y de la suba de salarios se verifica además en que el sector ganó participación en la distribución de la renta industrial, al pasar de 47,4% en el tercer trimestre de 2020 al 54,6 % en el mismo trimestre de 2021. Es decir, al incrementar su producción y precios en un nivel superior a los salarios y el nivel de empleo, los industriales lograron un salto de 7,2 puntos porcentuales en su participación en la riqueza generada en apenas un año.

Un movimiento tan amplio en los precios mayoristas es un factor inflacionario porque determina que esas subas se trasladen hacia abajo, a los precios minoristas, toda vez que esos insumos son fundamentales para la producción de artículos de consumo masivo. Por ejemplo, materias primas textiles subieron un 68,3 % en el año. Las prendas de vestir lo hicieron en un 80 % y en buena medida fueron productos importados al dólar oficial y vendidos en el mercado local al dólar paralelo. La siderurgia mostró un incremento promedio del 70 % o la industria del vidrio con el 66 %.

Larreta plantea coordinar la represión y bajas en los programas sociales

Luego de las declaraciones del ministro Juan Zabaleta, que fueron tomadas como una apriete contra el movimiento piquetero, el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, pidió que el gobierno nacional profundice el ataque contra las y los desocupados, coordinando la represión y aplicando sanciones y bajas en los planes sociales, mientras crece la pobreza al calor de una inflación explosiva.

La tesis de que las organizaciones piqueteras “toman de rehenes” a los manifestantes y la insistencia de que el derecho a manifestarse se encuentra por detrás del derecho a la libre circulación -aunque este se afecte solo parcialmente- son los latiguillos de las fuerzas políticas patronales y del gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional para arremeter contra las organizaciones piqueteras.

Valiéndose del ejemplo facilitado por Zabaleta y el gobierno, con la quita de los planes sociales a quienes ellos imputan como responsables de los incidentes en el Congreso cuando se votó el pacto con el FMI, el pasado 10 de marzo, Larreta reclama que se extienda el mismo tratamiento para las y los desocupados que se manifiestan por sus reclamos.

La idea de que las organizaciones piqueteras “extorsionan” a las familias para que se movilicen, bajo la amenaza de darles de baja, se inscribe en una provocación total ya que es el Estado el único capaz de extinguir un plan social, no las organizaciones. Algo que se agravaría con el pasaje de los programas sociales a los intendentes, como intenta forzar el gobierno.

Invirtiendo la carga de los acontecimientos, desde la Ciudad afirman que los manifestantes “usan a los chicos y a las mujeres como escudos para que la Policía no los desaloje”, cuando en verdad se utiliza “discrecionalmente” a las fuerzas represivas para cometer todo tipo de atropellos, desde la requisa de carpas y mantas a la provocación, represión y detención de seis manifestantes cuando desconcentraban tras el acampe piquetero.

Por su parte, el ministro Juan Zabaleta recibió este jueves a la Unidad Piquetera luego de sucesivos ataques y negativas. Desde la cartera de Desarrollo Social vienen insistiendo en la negativa a la apertura de los programas sociales con la excusa de que ofrecerían crear empleo bajo la forma de “emprendimientos autosustentables”.

Desde las organizaciones piqueteras denuncian que la oferta del gobierno no implica trabajo genuino sino ultra precarización laboral en los municipios o auto explotación “popular”, y que incluso el gobierno no gira los recursos para los proyectos productivos comprometidos.

En caso de no haber acuerdo, los movimientos volverán a las calles el miércoles 13 con una gran Marcha Federal.

Ante la apertura de más de 10 causas penales por luchar a trabajadores desocupados/as, de salud y docentes, el miércoles 6 de abril, se realizó un acto de repudio frente al Juzgado Federal de Zapala. En tanto, el jueves hubo una conferencia de prensa en las puertas de la Casa de Gobierno en Neuquén.

Compartimos comunicado de las organizaciones convocantes:Es evidente que si bien las causas se tramitan en el Juzgado Federal de Zapala, lo cierto es que los reclamos fueron dirigidos al gobierno provincial y por lo tanto es este el responsable fundamental de la persecución, el cual cuenta con el recurso de la Justicia Federal. Muchas de estas causas surgen luego del conflicto de salud y de luchas por trabajo genuino.

Como se verá, asistimos a una fuerte criminalización de la protesta social en momentos que los gobiernos para imponer el pacto con el FMI responderá con más represión en la certeza que la clase trabajadora no se pondrá de rodillas ante el ajuste que ese pacto implica.

Ante tamaña situación, es importante impulsar acciones comunes de todos las y los luchadores populares y democráticos. En ese sentido las organizaciones abajo firmantes convocamos a:

Miércoles 6 de abril a las 11 horas, ACTO frente al Juzgado Federal de Zapala.

Jueves 7 de abril a las 10 horas, CONFERENCIA DE PRENSA en las puertas de la Casa de Gobierno en Neuquén.

Detuvieron a dirigentes piqueteros en Jujuy

Libertad a los dirigentes piqueteros presos en Jujuy

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia rechaza la detención de Sebastián Copello, dirigente del Polo Obrero y de Juan Chorolque, del MTR 12 de abril, detenidos en el día de hoy, miércoles 6, en sus domicilios, por haber participado de movilizaciones populares. Se trata de un nuevo salto en la política de persecución del gobierno de Jujuy, que ya viene de detener 15 compañeros por un reclamo de las organizaciones de desocupados, compañeros que fueron liberados luego de una extensa movilización nacional. Nuevamente el gobierno de Morales, utiliza el sistema inconstitucional de la fiscalía de Estado de Jujuy para criminalizar la protesta y ejercer el terror contra las personas que se movilizan por sus reivindicaciones en la provincia. El fiscal Funes sigue haciendo el trabajo sucio, ordenando allanamientos, intervención telefónica y detenciones de los compañeros.La acusación es solo por el art. 194 del Código Penal y resistencia a la autoridad por no acatar la orden de desalojo. Es una criminalización de cuatro movilizaciones pacíficas. Va en línea con una ofensiva política en todo el país contra el movimiento piquetero y de criminalización de la protesta social, que apunta a garantizar el plan de ajuste en el marco de una crisis social que se profundiza.

Convocamos una conferencia de prensa este jueves a las 12:00 en el Obelisco para exponer la situación y reclamar la libertad de los compañeros

Allí anunciaron que realizarán el viernes una movilización nacional, y concentración desde el Obelisco porteño hacia la Casa de la provincia de Jujuy. La jornada también cuenta con el apoyo y adhesión de la UTEP.

A los detenidos se sumaron Verónica Urzagaste y Jesica Bustos, de la agrupación MAR. Esta última, fue detenida cuando se dirigía a la conferencia de prensa que iba a llevarse a cabo en Jujuy por los apresados.

El Juez que dio la orden fundamentó tales detenciones en que «su preeminencia dentro de las organizaciones que comandan podría ser utilizada para coaccionar a los miembros de dichas organizaciones que eventualmente sean citados como testigos, incidiendo en la libertad de los mismos al momento de prestar testimonio».

La UTEP advierte: «Estamos en la calle porque no hay alimentos»

La secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, habló sobre los datos de pobreza publicados por el INDEC.

Al respecto, Sánchez afirmó: «Los datos no se están viendo reflejados en nuestra realidad, en el territorio» y destacó que están en la calle pidiendo por bolsones alimenticios.

«La pobreza no disminuyó, eso no cambió», remarcó.

Dina Sánchez aseguró: «La deuda la vamos a pagar los mismos que sufrimos las políticas de quienes la tomaron» y pidió que este gobierno empiece a tocar intereses para que algo cambie.

Consultada por la protesta del jueves pasado señaló: “Estamos en la calle porque no hay alimentos, hay muchos comedores donde no podemos garantizarles la comida a las mujeres ni a los pibes”.

Fuerte respaldo sindical al proyecto que propone pagar al FMI con dinero fugado

Los principales referentes del sindicalismo argentino participaron el miércoles de la presentación del proyecto para crear el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con dinero fugado al exterior. La iniciativa comenzó a debatirse en la Cámara de Senadores.

El encuentro estuvo encabezado por legisladores del oficialismo y dirigentes gremiales como Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Godoy (ATE), Ricardo Peidro (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Omar Plaini (Canillitas), Vanesa Siley (SITRAJU-CFT), Walter Correa (Curtidores-CFT), entre otros.

“Es una medida que busca perseguir y penalizar a quienes se beneficiaron de esa estafa que fue el acuerdo entre el gobierno de Macri y el FMI”, señaló Hugo Godoy, y agregó: “Esta es una tarea que no se resuelve dentro del Congreso solamente sino que requiere un profundo estado de movilización de nuestro pueblo”.

Al respecto, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la deuda, integrada por más de 300 organizaciones, sostiene que ante los dos proyectos de ley presentados por integrantes del bloque de Senadores del FDT, para crear un fondo para pagar al FMI y favorecer la persecución de quienes han fugado capitales, a través de limitar el “secreto bancario”, afirma su apoyo a la aplicación de mayores controles e impuestos a los sectores más enriquecidos de la sociedad, a la vez que rechaza que lo recaudado sea destinado al pago del FMI.

Asimismo, apoya que la Comisión Bicameral del Congreso Nacional para el seguimiento y control de Deuda Externa, “asuma el rol protagónico que le corresponde, independiente del Poder Ejecutivo, con representación pluripartidaria y abierta a la participación ciudadana”.

La Autoconvocatoria no puede aceptar, sin embargo, que se plantee dedicar los recursos eventualmente recuperados al pago al FMI. “Las estafas no se pagan y la impunidad de los estafadores tiene que terminar”, aclara en su nota.

Por otro lado, señala que la reciente aprobación parlamentaria del refinanciamiento de esa estafa no la transforma en legítima. “Denunciar el nuevo acuerdo, suspender los pagos, investigar la deuda, sancionar a los responsables y exigir la restitución de la riqueza mal habida o fugada es el único camino posible para quebrar el predominio extractivista del sistema de la deuda perpetua, recuperar la soberanía y poder avanzar con las transformaciones económicas necesarias para poner primero lo primero: el pago de la deuda con los pueblos y la naturaleza.”

“Lejos de crear un ‘fondo para pagar al Fondo’ – plantea la Autoconvocatoria – los recursos que puedan recuperarse deben ser dedicados a un ‘Fondo para la cancelación de la Deuda con los Pueblos y la Naturaleza’, para resolver los problemas urgentes que afectan a nuestro pueblo.

Finalmente, el espacio llama a mantener y a profundizar la más amplia movilización popular frente a la continuidad de la estafa y en especial, ante la próxima llegada en mayo de la misión de “revisión” del FMI. Llama a sumar fuerzas también a nivel internacional, y a reclamar la inmediata libertad de los compañeros detenidos en la lucha contra el Fondo Monetario y la sanción ejemplar contra los fugadores y otros responsables de la estafa.

(click aquí al texto de la Declaración completa)

Apertura inmediata de todas las paritarias 2022

Funcionarios del Gobierno Nacional alistan la letra chica de la normativa que prevé la apertura masiva de paritarias este mes. Es parte de lo decidido en la reunión tripartita que juntó a la cúpula de la CGT, representantes de la UIA y ministros.

Se espera que el texto se publique en el Boletín Oficial y que habilite a todas aquellas actividades que todavía no tuvieron acuerdos en 2022 a sentarse en la mesa de discusiones.

En principio, se especula que la medida no alcanzaría a aquellos que ya pactaron acuerdos de recomposición de haberes, por distintos plazos, para este año. En esos casos se irían activando las cláusulas de revisión previstas por las partes.

Son pocos los gremios que cerraron paritarias, entre otros, la UOCRA (Construcción) y bancarios. Apenas salido del encuentro tripartito fue Andrés Rodríguez, de los estatales de UPCN, el que pidió la apertura de la paritaria en el sector público. Se trata de un gremio que tenía previsto negociar el mes próximo.

Lo mismo podría ocurrir, entre otros, con Camioneros y Sanidad que deberían cerrar sus acuerdos entre junio y julio.

El presidente Alberto Fernández anunció el pago de un bono de 6.000 pesos para 4,6 millones de jubiladas, jubilados y pensionados, que se efectivizará desde el 18 de abril.

También anunció el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, que perciben 2,4 millones titulares y alcanza a 4,1 millones de personas, que corresponde al pago de abril, pero se cobrará en los primeros días de mayo.

Los nuevos montos para la ayuda social serán de $9.000 para las familias con un hijo de hasta 14 años o con discapacidad; de $13.500 en el caso de familias que tienen 2 hijos y $18.000 en el caso de familias con tres hijos o más menores en la misma condición. También recibirán $9.000 quienes perciben la asignación por embarazo.

Paros y reclamos de la salud

Trabajadores y trabajadoras de la salud de Neuquén, Río Negro, Chaco y La Rioja llevaron adelante medidas de fuerza en la última semana de marzo, mientras desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina reiteran el pedido a las autoridades nacionales por el cumplimiento de la paritaria para el sector.

Los trabajadores y las trabajadoras de la salud de Neuquén, nucleados en SIPROSAPUNE Fesprosa, iniciaron el martes 29 de marzo un paro de 48 horas ante la falta de respuesta a sus reclamos de ley de carrera profesional y libertad sindical. La jornada del martes incluyó una manifestación frente a la Legislatura provincial, y el miércoles actividades de visibilización en los distintos lugares de trabajo.

En tanto, trabajadores y trabajadoras de Río Negro, agrupados en ASSPUR Fesprosa, realizaron el mismo martes una jornada provincial de lucha, con paros, movilizaciones, retención de servicios y asambleas en rechazo a la paritaria establecida por el gobierno de Arabela Carreras.

En La Rioja, los trabajadores y las trabajadoras nucleados en APROSLAR Fesprosa comenzaron un paro total de 48 horas también el martes, en reclamo por recomposición salarial y la convocatoria a una mesa de diálogo.

Finalmente, en Chaco, APTASCH Fesprosa encabezó un paro de 48 desde el jueves 31 de marzo en todos los hospitales provinciales, que incluyó una concentración en el Hospital Pediátrico.

En este marco, la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, manifestó el apoyo incondicional de la Federación a cada una de las regionales: “El Estado argentino y las provincias no han reparado la deuda con los trabajadores de salud contraída durante la pandemia (…). La paritaria nacional de salud es aún un compromiso incumplido y en función de ello Fesprosa reiteró su pedido de entrevista con la ministra Carla Vizzotti y el ministro Claudio Moroni a los efectos de avanzar en esta reivindicación largamente esperada por el medio millón de trabajadores sanitarios”.

A su vez, Boriotti informó que después de una reunión hace dos meses el Comité Operativo de Emergencias (COE) entró en una virtual parálisis: “La deuda con los trabajadores de la salud implica también el seguimiento de las secuelas psíquicas y físicas que tienen, a través de programas especiales para tal propósito que tienen que ser debatidos e instrumentados por el COE. Es urgente que el ministerio de Salud de la Nación convoque a esta instancia”.

El equipo de salud del Hospital Tornú, con gran participación de las enfermeras y enfermeros de todos los servicios, desarrolló el miércoles 6 de abril un paro con corte de calle, y el jueves 7, la Asociación de Licenciados en Enfermería convocó a un nuevo corte de calles para protestar por el despido de enfermeras.

Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y referente de ALE declaró: “Para Larreta la enfermería es descartable. Atravesamos toda la pandemia jugando un rol social clave sin ningún tipo de reconocimiento por parte del gobierno de la Ciudad. Y ahora despiden a quienes estuvieron en la primera línea frente al Covid».Por su parte, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía e integrante de la conducción de ALE, agregó: “Los despidos de las enfermeras no se están produciendo sólo en el Tornú sino en todos los hospitales de la Ciudad. Por eso desde nuestra Asociación apoyamos activamente el reclamo y le exigimos a los otros gremios que intervengan”.

Trabajadores  y trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez continúan manifestándose para denunciar su desacuerdo con la modificación del régimen de bonificaciones salariales. «Trabajadores de diversos dispositivos descentralizados, organizados en asambleas en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires rechazamos la modificación del régimen de bonificaciones ya que implica un recorte salarial de hecho para una gran parte de trabajadores y trabajadoras que sería compensado con una bonificación fija e invariable, lo que deteriorando el salario en términos de calidad, llevaría a una progresiva devaluación del mismo por inflación», explicaron mediante un comunicado.

«La composición de nuestro salario depende un 90% de las bonificaciones que lo integran y que aún con los reemplazos propuestos no llegan a alcanzar lo que actualmente indica la canasta familiar. Asimismo, rechazamos la quita del derecho que tenemos a acceder a la jubilación anticipada tras el argumento falaz del contacto con niñas y niños. Todos y todas las trabajadoras de Niñez abordamos una tarea especial en términos de responsabilidades sobre la vida y los derechos de los niños con quienes trabajamos, lo que conlleva al agotamiento prematuro, fundamento central del decreto».

Además exigen el pase a planta permanente de quienes están en forma transitoria y quienes están con contratos de becarios. Conformación de planteles básicos, con trabajadores con derechos laborales a partir de nombramiento de personal. Mejora en las condiciones laborales, principalmente en la reparación de los edificios, hogares y centros cerrados.

Desde el 25 de marzo, trabajadores y trabajadoras de Página 12 mantienen un cese de tareas de tres horas por turno para reclamar una recomposición salarial que les permita recuperar el 20% de poder adquisitivo perdido desde 2016, cuando el Grupo Octubre, dirigido por Víctor Santa María, compró el medio.

En ese año, el sueldo de un redactor estaba 42% por encima de la canasta básica y hoy está más de 13% pero por debajo de esa misma medición de enero último: 78.624 pesos. Es decir, que el equivalente al sueldo de 2016 debería ser hoy de 111.500 pesos y es de apenas 68.000 pesos. Es decir, más de 10.000 por debajo de la línea de pobreza.

Un año atrás la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y las Cámaras empresariales acordaron un 35% de aumento para el período mayo 2021 – abril 2022, cifra muy por debajo de una inflación que hoy ronda el 52% interanual. “La paritaria es tan mala que en mayo, y a modo de compensación, se agrega un 12%; esto lo anunciaron con bombos y platillos, cuando en realidad ya están cediendo en la discusión salarial que viene”, afirman los trabajadores.

Además de una recomposición salarial, los trabajadores exigen la participación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en los ámbitos de negociación y la regularización de un grupo de trabajadoras registradas por fuera del convenio correspondiente.

Se espera que este jueves 7 de abril, trabajadores y trabajadoras de Página 12 resuelvan en asamblea la modalidad de futuras medidas de fuerza, en caso de que resuelvan continuar con el plan de lucha.

Paro docente por 48 horas en Río Negro

Docentes nucleados en la Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro (Unter) iniciaron un paro por 48 horas con un acatamiento de casi el 100% en las principales ciudades de la provincia, en reclamo de mejoras salariales, en tanto que anunciaron que se movilizarán a Viedma.

Entre sus reclamos, los docentes piden una «urgente convocatoria a paritaria», en la que se discuta una cláusula de revisión, que los incrementos salariales sean acumulativos y se modifique el Decreto 530 de movilidad.

Desde el ministerio rionegrino se informó que «con la nueva propuesta, los docentes que recién inician, «sin antigüedad», percibirán un salario de $81.599,77, en tanto que en la zona andina, por su parte, cobrarán $83.440.65.

En diciembre de 2017 se votó la modificación del proyecto de ley que regula los fondos que integran el Fondo de Fomento Cinematográfico y entraría en vigencia a partir de diciembre de este año. De no modificarse antes, peligra el 80% de los ingresos al INCAA y con ello muchos puestos de trabajo.

Durante estos años se iniciaron acciones para visibilizar la problemática a la que se enfrentan las y los trabajadores del sector, y se conformó el colectivo Unidxs por la Cultura. Dos de sus integrantes, Mirta Israel de Actrices Argentinas, e Ingrid Urrutia, delegada del INCAA dialogaron sobre esta situación.

“Para nosotros, desde el espacio que conformamos con un montón de organizaciones, entendemos que lo que peligra es la cultura nacional, no solo el audiovisual sino el teatro, las bibliotecas populares, las televisiones y radios comunitarias y también la música nacional porque las consecuencias de esa ley es que dejan de direccionarse los fondos a los organismos nacionales y públicos que están dentro del Estado nacional para apoyar y difundir la producción cultural en todo nuestro país. Es decir que estamos ante un conflicto muy importante que pone en riesgo más de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país”, señaló Urrutia.

Por su parte, Israel comentó: “Hemos tenido una reunión con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, quien admitió este peligro gravísimo. Habló en términos de muerte porque hay que pensar que, por ejemplo, durante la pandemia si no hubieran existido estos fondos de fomento para el Instituto Nacional del Teatro, hubieran cerrado un montón de salas en todo el país, que sobrevivieron gracias a la existencia del Instituto”.

El Instituto Nacional del Teatro lanzó un comunicado refiriéndose al tema e hizo un listado de todo lo que peligra en caso de no tener el proyecto una respuesta favorable:

Asimismo, Israel remarcó: “Estos fondos -que los van a seguir cobrando- son impuestos que no sabemos a dónde van a ser destinados si no es a la cultura. Esto es grave. Bauer admitió la gravedad y puso el énfasis en que tiene que dirimirse en el Congreso. Desde Unidxs por la Cultura decimos sí hay que dirimirse en el Congreso pero esto no puede ser sin movilización. La historia más reciente nos ha demostrado que no hay manera de ganar derechos si no es tomando las calles”.

Para finalizar, las integrantes de Unidxs por la Cultura se dirigieron a las y los legisladores que tienen el futuro de la cultura nacional en sus manos: “Son legisladores y legisladoras que cuando fue la pandemia en sus casas miraron muchas de esas producciones y les ayudaron a pasar el tiempo de otra manera encerrados. Eso es parte de lo que se va a perder. Están para legislar para el pueblo, representan los intereses del pueblo y la cultura es un derecho humano y esta caducidad de estos fondos o de la asignación de estos fondos hacia la cultura va a ser la pérdida de un derecho humano si permiten que eso suceda”.

En la jornada del sábado 2 se vivió un clima de máxima tensión en la sucursal que la gigante Carrefour tiene en el barrio porteño de Colegiales. Desde la mañana los trabajadores y sus delegados reclamaron por una situación de violencia laboral.

Los empleados protestaban, además, por la presencia de personal tercerizado, falta de correcta registración laboral, la negativa a pagar el plus por guardería e incumplimientos en la normativa de la Seguridad de Riesgos del Trabajo (SRT).

En el marco de la protesta, las autoridades del supermercado decidieron ir a radicar una denuncia policial a la Comisaría 3 y pidieron intervención a la Fiscalía.

De hecho, se acercó a la tienda una importante cantidad de policías de la Ciudad de Buenos Aires que amenazó con detener a los 20 delegados del Sindicato de Empleados de Comercio que acompañaban la medida de fuerza.

“Nos amenazó la policía que venía con el carro de asalto para llevarse a todos”, explicaron los trabajadores.

Más tarde la situación se calmó. Sin embargo, la serie de reclamos todavía sigue sin solución ni respuestas. Por ello, la protesta se replicó el domingo y todavía no hay certezas de cómo puede seguir el conflicto.

Paros de camioneros autoconvocados y transportistas

En medio de la escasez de gasoil que se registra en todo el país, camioneros autoconvocados se adelantaron al paro nacional anunciado para el 11 de abril por transportistas de granos y cortan distintas rutas del sur de Córdoba, el área más productiva de la provincia.

Según medios locales, los principales cortes ante el faltante de gasoil se dan en la ruta 8 a la altura de la localidad de Las Vertientes, en la autovía a Córdoba en Río Cuarto y sobre la ruta 158 en Chucul.

Cabe recordar que desde la semana pasada se vienen registrando inconvenientes para el normal abastecimiento de combustibles en el interior. Se trata de una problemática que afecta a los productores agropecuarios, contratistas rurales y transportistas, en los inicios de la cosecha de soja y maíz, y además en momentos donde se están tomando las decisiones para la próxima siembra de los cultivos de invierno, como trigo y cebada.

La falta de combustible para la maquinaria pesada hace que en Córdoba ya se comercialice el diésel «blue». Se trata de ventas paralelas que se llevan a cabo principalmente en pueblos y en estaciones de bandera blanca.

Para la semana próxima los transportistas de granos agrupados en la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra) habían anunciado un paro nacional y cortes de ruta por la falta de gasoil.

El gremio aseguró que «la falta de respuesta al pedido de convocatoria de una mesa de Negociación Participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos; los constantes aumentos de precio del gasoil, y la falta de abastecimiento de combustible tornan imposible seguir trabajando en condiciones razonables».

El paro se hará desde las 0 horas del próximo lunes 11 de abril. Fetra asegura que la medida se hará a nivel nacional y que habrá manifestaciones en cruces de rutas, plantas de acopio y puertos cerealeros.

Rocío murió trabajando precarizada

Según Clarín la operaria de una empresa de Virrey del Pino, en La Matanza, Rocío Décima, murió el lunes cuando la máquina que operaba le enganchó el pelo, de acuerdo a la explicación de Rubén Alegre, dueño de la fábrica.

La información omite que dejó la vida en uno de esos talleres que crecen a la vera de la Ruta 3, “al fondo” de La Matanza. Tenía 21 años y operaba sola la máquina que la mató en una “fábrica de motovehículos”. En las últimas horas, el fiscal Gastón Duplaá secuestró la máquina que ocasionó la muerte de Rocío. Dijo que investigará “si la empresa contaba con todos los papeles en regla y si existía un contrato de empleo con la joven fallecida”. Dijo que se llevó la máquina para “analizar al detalle su funcionamiento”.

Pero a Rocío no la mató la máquina solamente. La mató la precarización que se extiende como peste en la “Capital nacional de la producción y el trabajo”, como llaman a La Matanza sus gobernantes, donde la juventud sobrevive con un Potenciar Trabajo y changas, o trabajos malos como los de Rocío.

En los municipios del Gran Buenos Aires el 79% de los jóvenes padecen precariedad extrema. Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo si sos menor de 25 años tenés un 50% más de posibilidades de sufrir un “accidente laboral”. Además, que la mortalidad por “accidentes laborales” es tres veces más elevada en las mujeres jóvenes que en las adultas.

Entrevista a Jerónimo Montero Bressán, autor y compilador de “¿Quién hace tu ropa?”

El Estado no ejerce el más mínimo control sobre las condiciones de trabajo en los talleres informales

-En un nuevo aniversario de la masacre de Luis Viale ¿qué nos podés comentar al respecto?

-Pasaron 16 años de aquella masacre, mal llamada tragedia en muchos casos. Que en su momento de alguna manera destapó la problemática de la explotación laboral en los talleres de costura, que los medios dieron en llamar clandestinos. Generó también mucha militancia, dos grandes movimientos contra esas situaciones. Donde surgieron denuncias para marcas, porque en un principio se creía que toda esta economía sumergida trabajaba para La Salada o el circuito comercial de la calle Avellaneda y, sin embargo, había marcas reconocidas involucradas en estas prácticas a través de sus contratistas.

A partir de entonces existen más de 10 marcas denunciadas, ninguna ha sido encontrada culpable, más que por su absolución, por el simple cajoneo de las causas. Hay un juzgado que tiene cajoneadas las denuncias contra 85 marcas y nunca hizo ningún tipo de avance sobre esas causas.

Lo que tenemos es una justicia que no ha avanzado, que si dio un paso grande en el 2016, condenando a los talleristas de Luis Viale a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre. Nunca cayeron los dueños de las marcas para los que los talleristas trabajaban exclusivamente, en un taller donde las máquinas las habían comprado los dueños de las marcas.

Los dueños de la propiedad también son los dueños de las marcas. Tenemos una justicia que no ha avanzado sobre los principales responsables, un Estado que no ejerce el más mínimo control sobre las condiciones de trabajo en los talleres informales.

El Estado va a una empresa de indumentaria y mira las personas que están ahí, que estén registradas y listo, nunca preguntan de dónde viene la ropa ni dónde están los talleres. No se va para atrás en la cadena productiva.

A pesar de eso las condiciones de trabajo en el sector están mejorando bastante, pero es básicamente porque hay una demanda muy grande de talleres y una oferta muy baja, porque lo cierto es que aquellos migrantes de Bolivia se fueron para Brasil o se volvieron para Bolivia dada la situación económica de la Argentina. Eso hace que haya caído muchísimo la mano de obra y que las marcas estén desesperadas por conseguir costureros que quieran cobrar los salarios de miseria que pagan. Un costurero que se inicia en el sector cobra el 65% de la canasta básica para una familia tipo. La familia del costurero es pobre, tienen que trabajar los dos adultos para poder sobrevivir.

Estamos en una situación en que los talleres siguen existiendo de todos modos, a pesar de que las marcas estén diciendo que eso ya es parte del pasado. Lo que tenemos son talleres que se han escondido un poco mejor en el Conurbano o en las villas de la Ciudad para evitar eventuales controles, de todas formas esos controles no existen.

En la Ciudad de Buenos Aires está la capacidad inspectiva, pero no se aplica, y la provincia de Buenos Aires no tiene inspectores para esto directamente.

-¿Algo más sobre Luis Viale?

-Hay un proyecto de ley para expropiar la propiedad. Los dueños de las marcas quieren vender la propiedad y lo que se está intentando, desde distintos colectivos migrantes, es que se expropie la propiedad para poder hacer en ese lugar, que es el principal símbolo de la explotación laboral, un Espacio de Memoria y Organización para migrantes y trabajadores en lucha. Al respecto, no ha habido avances, pero se está intentando en la Legislatura de la Ciudad que eso avance.

-Luis Viale 1269 vivían 64 personas, la mitad eran menores de edad. Dormían en cuartos de 3 x 2.5 metros separados por telas y tabiques de madera. Compartían colchones y no contaban con un espacio para comer. Solo tenían un baño sin agua caliente. Trabajaban en promedio 14 horas por día de lunes a viernes y entre 5 y 6 horas el sábado. En 2006 los trabajadores cobraban $200 por mes, lo que equivalía a un 25% del salario de convenio de aquel momento. Tras el incendio, el gobierno porteño le dio a los sobrevivientes subsidios de $300, cuando el salario mínimo en ese momento era de $800. No les ofreció alojamiento y tardó 52 días en entregar los cuerpos de las víctimas para ser velados. En junio del 2016 dos capataces fueron condenados, 3 años después los dueños de la marca y del inmueble Daniel Fischberg y Jaime Geiler resultaron absueltos, e incluso en noviembre del 2019 la justicia les devolvió la posesión del inmueble. Un mes más tarde, la Comisión por la Memoria y Justicia de las Obreras y los Obreros textiles de Luis Viale presentó ante la Legislatura de la Ciudad un proyecto de expropiación, para que el edificio de Luis Viale 1269, o lo que queda de él, se convierta en un Espacio de Memoria y Organización para migrantes y trabajadores en lucha. Jerónimo, te dejo el cierre.

-Lo que no se puede aceptar es que hayan sido absueltos los dueños de las marcas. El papel de la fiscal Betina Vota y el juez Baños del Juzgado general 27 de la Ciudad. Esperamos que los legisladores y las legisladoras de la Ciudad reviertan de alguna manera esa injusticia a partir de convertir ese lugar en lo que sería un espacio de memoria y reflexión de lo ocurrido para que ningún trabajador vuelva a morir en el lugar de trabajo.

Fallecimiento del operario Javier “Sapito” Escobar

“Se realizó la inspección por parte de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), organismo de control nacional sobre las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), a raíz de la nota que presentamos desde la Comisión Interna por la muerte del Sapo Escobar”, expresó el comunicado de la Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense.

“En ella incluimos lo que en Seguridad e Higiene (SSHH) se le dice Árbol de Causas, elaborado con la asistencia de perito y abogado, que muestra que el “accidente”, que no es tal porque pudo haberse evitado de ser otra la forma de trabajar, no es producto de “fallas humanas” de los obreros como sostiene la empresa sino de profundas falencias en las condiciones y política patronal”, sentenció la nota.

“Las y los inspectores estuvieron un rato largo en el sector observando la máquina, los tableros e instalación mientras seguía la producción, lo que permitió que vean una escena similar al momento de la tragedia. Les dijimos que habían cambiado varias cosas desde el terrible suceso, como la refacción de la instalación, y les relatamos lo que nos dijeron los testigos, la mayoría presentes en ese momento”, aclaró.

“También mencionamos el régimen opresivo que existe en el área de mantenimiento, uno de los elementos determinantes del hecho. Por último auditaron la papelería del Área de SSHH. Durante toda la inspección estuvo el Uruguayo Ceriani representando al Sindicato, al cual entregamos copia de la nota y Árbol de Causas presentados”, expresó.

“Hace un rato hemos recibido copia del Acta de Inspección, donde se enumera una gran cantidad de incumplimientos por parte de la empresa, demostrando su responsabilidad y falta de prevención, y se hace un relato del hecho en el que se menciona la deficiencia en el sistema de puesta a tierra y disyuntor en sintonía con lo denunciado”, formuló.

“De todos modos, debemos leerla con detenimiento para medir su utilidad en el camino de lograr lo que necesitamos las y los trabajadores del Frigorífico Rioplatense: determinar las causas reales de la muerte de nuestro compañero para que haya justicia y el cambio de las condiciones que nos ponen en riesgo por llevar el pan a nuestras casas”.

“Volvemos a solicitar la atención de la Directiva de nuestro Sindicato, a la que hemos pedido una reunión urgente por este tema y todavía no tuvimos respuesta, y que incorpore esta documentación al expediente que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo apoyándonos en este reclamo que es de toda la gente del frigorífico”, denunció la comunicación.

“De nuestra parte, opinamos que las diferencias político gremiales que mantenemos no deberían frenar las acciones e iniciativas que podamos llevar unitariamente para garantizar nuestras vidas y salud”.

“Seguiremos informando las novedades. Nunca más una muerte que pudo haberse evitado. No nos olvidemos de Sapito. Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense”, concluyó.

El miércoles 16 de febrero, alrededor de las 7 am, Javier Escobar falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras reparaba una máquina en el sector de menudencias. De inmediato, y a pesar de la congoja generalizada, las y los trabajadores del frigorífico se reunieron en asamblea (correspondida por sanciones posteriores ejecutadas por la firma, como el no pago del día), donde se denunciaron las deficiencias en materia de seguridad e higiene en la planta. A su vez, se señalaron las deficiencias en cuanto a las instalaciones, en especial a la ‘salida de emergencia’, constituida por una escalera muy angosta y que, por ello, dificultó el traslado del accidentado.

Por su parte, también se denunció -según testigos- la falla del disyuntor y el cableado a tierra al momento de operar la máquina (y que fuera arreglada por la empresa luego del fatídico hecho), la política de acoso que el personal de mantenimiento sufre desde siempre y que hizo que el compañero realizara sus tareas con el sector inundado y sin los elementos de protección personal.

Asimismo, indicaron la falta de instrumental en la enfermería, o de una ambulancia, razón por la cual se tuvo que esperar más de cuarenta minutos al móvil para contar con un desfibrilador disponible, instrumento reclamado por las y los compañeros de Javier “Sapito” Escobar en más de una oportunidad.

Desde el sindicato hubo una denuncia en el ministerio de Trabajo y una recorrida por las instalaciones al día siguiente del hecho. A pesar de que la dirección sindical se haya comprometido a que la Comisión Interna forme parte del expediente, el Cuerpo de delegados aclaró oportunamente que todavía no accedió al mismo. Mientras tanto, las y los delegados iniciaron una investigación independiente convocando a especialistas donde llegaron a sus propias conclusiones que derivaron como guía para la inspección pública reciente.

Movilización en Neuquén al cumplirse 15 años del asesinato del maestro Fuentealba

Marcharon como hacen cada año desde hace 15 años al puente de Arroyito, los y las docentes acompañados por organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas. “Estamos acá nuevamente como hemos estado siempre marchando los y las trabajadoras de la educación junto con organizaciones sociales, de Derechos Humanos y organizaciones políticas que se unifican en una misma consigna que es el juicio y castigo a los responsables y la justicia completa.  Porque parece mentira, aun a 15 años estamos esperando las novedades de cuándo será la fecha en la que se podrá llevar al estrado a los altos jefes policiales acusados que dirigieron el operativo en aquella oportunidad junto al subsecretario de Seguridad ya muerto, Jorge Pascuarelli, por orden del ex gobernador, Jorge Omar Sobisch”.

Pasaron 15 años del fusilamiento público del maestro Carlos Fuentealba y solamente fue condenado el autor material del disparo, el ex policía Darío Poblete. “Un policía le disparo aquel 4 de abril de 2007 a la cabeza al compañero maestro, con todo lo que eso significa, la cabeza para un intelectual de la educación”, señala Natalia y refuerza el reclamo que ella y tantos otros neuquinos sostienen: “La represión del Estado, la democracia nos debe a Carlos Fuentealba y también nos debe una justicia que abarque a todos los responsables de aquella fatídica jornada en la que también otros docentes fueron brutalmente lastimados con balas de goma”.

La causa Fuentealba se dividió en dos: la primera involucró al ex policía Darío Poblete que es quien dispara a muy corta distancia la granada de gas lacrimógeno que impacta y explota en la cabeza de Carlos Fuentealba. Poblete fue condenado a cadena perpetua. La causa Fuentealba 2 que involucra a los responsables políticos y policiales de ordenar y ejecutar el operativo represivo que acabó con la vida del maestro, recién el año pasado se pudieron presentar las acusaciones.

“A 15 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba convoco como parte y testigo de aquella lucha, por haber compartido con Carlos el auto y haber llegado juntos a Arroyito, por haberlo auxiliado hasta último momento, por haber visto cómo se moría en nuestras manos y por haber sido en 2008 testigo de esa causa que condenó a Darío Poblete a cadena perpetua, convoco a todas las organizaciones a movilizarse, a pronunciarse y a levantar las banderas de juicio y castigo y cárcel común y perpetua para todos los asesinos que incluyen a los altos jefes policiales y, también, al ex gobernador de la provincia, Jorge Omar Sobisch”, subraya Natalia.

Además, esta fecha los y las docentes de Neuquén levantan los reclamos que llevaron a aquella huelga histórica del 2007 y que aún hoy continúan vigentes. “Es una jornada donde se reavivan las banderas de lucha, donde se reaviva la lucha por la educación pública y, por supuesto, aparecen otros muertos víctimas de la desidia del Estado que, aunque no han muerto por balas policiales, como el caso de Mónica Jara y Silvia Rossetti, han muerto en las escuelas en condiciones de desidia con la responsabilidad del gobierno de Neuquén y del estado en su conjunto que ha permitido el deterioro absoluto de la educación en estos tiempos en la provincia de Neuquén”. Las docentes a las que hace referencia Natalia murieron dentro de la escuela: Silvia Rossetti falleció cuando una viga de la escuela cae sobre su cuerpo en el año 2000 y Mónica Jara muere como consecuencia de las quemaduras que le produjo la explosión por una fuga de gas en la escuela rural donde trabajaba, en julio del año pasado.

CGT: fractura en los gremios del transporte

La interna del Frente de Todos comienza a tener su correlato en las organizaciones enroladas en la CGT. El desplazamiento de Antonio Caló en la UOM, por una lista opositora liderada por el ex diputado kirchnerista, Abel Furlán, fue la antesala de un proceso que tendrá este martes un nuevo capítulo con la refundación de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Dos de las principales organizaciones del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), de Roberto Fernández, y La Fraternidad, de Omar Maturano, decidieron avanzar en la fractura de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) haciendo uso de una organización que pusieron en pie en 2013 en oposición a la CATT, en ese entonces enrolada en la CGT Azopardo.

La reunificación de la CGT, en 2016, tuvo su expresión en el sector y, desde entonces, el sello UGATT quedó inutilizado. Pero el pasado 7 de octubre se produjo la escisión en la CATT cuando el líder de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, acordó con los sindicatos orientados por el moyanismo imponer una mayoría de congresales y desplazar a los dirigentes de la UTA y La Fraternidad, que optaron por no integrar la lista que se alzó con la conducción.

Se trató de una demostración de fuerzas y el trampolín para catapultar a Pablo Moyano al triunvirato de la CGT en el congreso realizado semanas después. Allí, las internas quedaron relegadas ante la presión para revertir la derrota del Frente de Todos en las PASO. Una división de la CGT exhibiría las potenciales dificultades para la gobernabilidad y debilitaría las aspiraciones electorales del oficialismo.

Ahora, se reabrieron las confrontaciones entre las distintas corrientes del peronismo y se abrieron paso las escisiones latentes al interior de los sindicatos y entre los dirigentes de la CGT.

La nueva realidad aceleró la decisión de avanzar con la UGATT, una organización con estatuto pero sin personería jurídica que, como tal, no está habilitada a recaudar aportes sindicales ni sellar acuerdos vinculantes. No obstante ello, por la representatividad de sus sindicatos resultará un agrupamiento con autoridad para influir en el debate interno.

Maturano adelantó que apuntan a «agrupar a un núcleo de organizaciones que, sin sentirse representadas por la CATT, busca una agenda común y propositiva para discutir políticas de transporte que beneficien a los trabajadores».

Una primera demostración de fuerza del agrupamiento fue el paro que La Fraternidad realizó el lunes, poniendo de manifiesto que cuenta con la capacidad de paralizar la totalidad del servicio ferroviario.

Su poderío en términos de acumulación política se conocerá el martes en el Hotel Empire, del sindicato de La Fraternidad, cuando, según pudo saber, se anuncie la nómina del Consejo Directivo que presidirá Maturano. Por el momento ya anunciaron su adhesión, además de la UTA y La Fraternidad, la Unión Carga y Descarga, conducida por Daniel Vila y que arrastra un enfrentamiento por encuadramientos con Camioneros. Lo mismo ocurrirá con la Unión Trabajadores Ferroviarios (UTF), la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) y una fracción importante del sindicato de señaleros ferroviarios que, históricamente alineado con un sector del moyanismo, se fracturó. También participará el sindicato de Remiseros y Taxis.

Un dato significativo que se terminará de confirmar el martes es la participación del sindicato de Estaciones de Servicio liderado por uno de los triunviros de la CGT, Carlos Acuña, que proyectará la crisis del transporte al seno de la conducción cegetista.

La fractura de los sindicatos del transporte exhibe la presencia de un triunviro de la CGT en cada uno de los lados y el intento del tercero, Héctor Daer, de mantener o al menos mostrar una posición equidistante. Según pudo saber, la nueva conducción de la UGATT no buscará forzar una definición de la central obrera sobre su legitimidad por sobre la de la CATT. Lo mismo con relación a la poderosa Federación Internacional de Gremios del Transporte que cobijará a dirigentes de ambos lados.

Con todo, la inclinación de Daer puede inferirse a partir de su actitud para determinar la titularidad de la Secretaría de la Juventud en el armado del Consejo Directivo de la CGT. Allí existía una disputa entre el titular del Sindicato de aeronavegantes, Juan Pablo Brey, alineado con el moyanismo, y Sebastián Maturano, hijo del líder de La Fraternidad. El cargo quedó en manos del hijo del ferroviario por inclinación de Daer.

Una de las incógnitas que se develará el martes es la actitud de los gremios aeronáuticos y, en particular, la del sindicato de técnicos, APTA, de Ricardo Cirielli. Fuentes de la futura UGATT aseguraron que el dirigente será de la partida. De confirmarse, la crisis se trasladará al Frente de Gremios Aeronáuticos en el que APTA convive con los gremios de los pilotos y del personal de tierra, ambos liderados por dirigentes referenciados con el kirchnerismo. También participarían sindicatos camioneros del interior añadiendo una cuña en territorio moyanista.

Además, ambos lados se disputan los sindicatos construyendo listas opositoras.

Mientras recrudecen las internas, los trabajadores pierden poder adquisitivo sin que se esboce una respuesta centralizada de la CGT.

Julio Piumato enfrentará a dos listas opositoras

El dirigente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, deberá enfrentar dos listas opositoras en las elecciones que se realizarán el próximo 17 de mayo.

La lista Marrón, que conduce el gremio desde 1990, ya contaba con una oposición de izquierda (Azul-Bermellón) vinculada a la Coordinadora Sindical Clasista (PO) y a otras agrupaciones independientes, obtuvo la minoría en las últimas elecciones y nuevamente buscará disputar el sindicato o, en su defecto, retener sus congresales por la minoría.

Pero la novedad de la elección resulta de la escisión de la propia Lista Marrón cuyo actual secretario adjunto, Luis Bechis, al calor de la interna del Frente de Todos, optó por construir una lista propia para intentar desbancar al histórico dirigente que se ha ido alejando de Hugo Moyano desde la muerte del fiscal Alberto Nisman hasta las elecciones de 2019 cuando apoyó la candidatura de Roberto Lavagna.

El espacio liderado por Bechis se referencia en el kirchnerismo y buscará disputar al interior del sindicato mayoritario.

Fuentes: Prensa Obrera, Clarín, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, InfoGremiales, Anred, APU, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Canal Abierto, Infobae.

El ministerio de Trabajo proyecta entre un aumento del 50 al 55%, 10% más que hace tres meses. Los gremios pretenden que la paritaria anual supere el 60%

Todo indica que con este nivel de inflación, las paritarias quedarán virtualmente abiertas durante todo el año. Después de la polémica por el bono general que se trocó por la reapertura de las negociaciones salariales, la discusión pasa por cuál es el nivel de aumento que permitan sostener el poder adquisitivo.

Número más, número menos, el ministerio de Trabajo proyecta entre un 50 al 55% -un 10% más que hace apenas tres meses-, en tanto que los gremios pretenden superar el 60%; siempre en términos anuales.

La ronda de negociaciones comienza con un éxito para el Gobierno, ya que la Federación de Obreros del Vestido (FONIVA) y la Cámara de la Indumentaria tienen sellado un aumento del 30% a partir del 1 de este mes más una suma fija no remunerativa y revisión en octubre. Según proyecciones gremiales, significaría una mejora del 56% para las categorías más bajas.

 Negociaciones con «pesos pesados»: Camioneros, Comercio, UOCRA y Sanidad

En esta semana y la que viene, la cartera laboral convocará a casi 30 sectores entre las que se destacan Construcción (UOCRA), Camioneros, Comercio, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y Mecánicos (SMATA), aunque en este último rubro vale recordar que desde 2010 tienen paritarias trimestrales. Por lo tanto, el acuerdo tripartito entre el Gobierno, la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) no les generó ningún beneficio.

Justamente, lo que estará en discusión no solo son los incrementos salariales, sino la duración de los acuerdos. El histórico líder de empleados de Comercio, Armando Cavalieri, ya les anunció a las patronales negociar los aumentos cada tres meses.

Entre los rubros convocados por el ministerio de Trabajo también figuran Químicos y Petroquímicos, empleados y obreros Textiles (SETIA y AOT), Carga y Descarga, Maestranza, Madera, Seguridad Privada, Televisión y Federación Gráfica Bonaerense entre otros.

La CGT justifica su posición contra el bono

El jefe de la cartera laboral, Claudio Moroni, también deberá lidiar con situaciones conflictivas como la que está atravesando el Sindicato del Seguro, en estado de alerta y movilización ante la postura de las patronales de no pactar mejoras según la inflación.

También hay una mirada puesta en la Asociación Bancaria que está en plena discusión con la banca pública y privada, ya que solo cerró el primer trimestre con sumas fijas.

La CGT, en tanto, sigue sosteniendo que el bono no beneficia a los trabajadores, ya que no ingresa al salario, ni impacta en las horas extras, en el aguinaldo y, ni siquiera, en las indemnizaciones.

En cambio, con la paritaria, además de mejorar los ingresos también se pueden incorporar sumas no remunerativas, bonificaciones y la discusión en los respectivos convenios colectivos de mejoras en las condiciones laborales.

La cartera laboral y la de Desarrollo Social informaron que el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) ya superó en febrero los 3 millones de inscriptos y en nueve de las 24 provincias son más las personas bajo este esquema laboral que los empleados registrados en el sector privado. Se estima que el número real podría llegar a 8 millones de personas.

El Renatep se encarga de contabilizar a las personas que trabajan en esta modalidad con la mira puesta en la formalización dado que ya representan un 34% de la población económicamente activa en esas provincias.

Para Pablo Chena, director de Economía Social y Desarrollo Local en el ministerio que conduce Juan Zabaleta, «desarrollar la economía popular, con acompañamiento productivo, es el desafío profundo para ir desterrando la pobreza estructural».

«El reclamo principal de las protestas está relacionado con la falta de empleo en el sector tradicional de la economía, producto de muchos años de exclusión y de crisis; tenemos que impulsar el desarrollo de la economía popular para fortalecer el trabajo con derechos en los barrios populares y crecer desde abajo en forma sustentable», amplió a Télam.

En el total país, casi el 11% (10,8%) de los trabajadores de entre 18 y 65 años están anotados en el registro oficial de la economía popular, con una mayoría de mujeres que representan el 58% del total.

«Para reconocer ese saber popular primero hay que formalizarlo», explicó a Télam Sonia Lombardo, directora del Registro Nacional de Efectores Sociales del Ministerio, quien advirtió: «Está claro que no se puede vivir de la feria y que hay que lograr que esta economía llegue al mercado de barrio y al supermercado».

Pero además -señaló-, resulta clave que el Estado «acompañe» al productor de tal manera que pueda «certificar la calidad de sus productos».

El comercio popular, las ferias y el trabajo en el espacio público son patas centrales de esta economía informal, con fuerte arraigo en los barrios más organizados.

«Hay que ayudar a legitimar esa producción, que accedan a las herramientas que certifiquen que eso se puede consumir, que es seguro, que es sano; no es sólo propaganda lo que se necesita sino también acceso a registros y certificados que, con el tiempo, permitan aumentar esa producción», declaró y entendió que, de esa manera, también se transforma algo del «orden simbólico y cultural».

Ejemplo de este proceso son las Pupaas, pequeñas unidades productivas en las que se elaboran alimentos artesanales, de bajo riesgo sanitario y a pequeña escala, en cocinas domiciliarias, individuales o colectivas, y para las que el Gobierno ofrece subsidios destinados a la compra de maquinarias, de materia prima o a la mejoría edilicia.

Tanto Chena como Lombardo coincidieron en que la economía popular no sólo es clave en la lucha contra la pobreza estructural, sino también en la reinserción social de quienes son excluidos del mercado tradicional.

«Tiene un componente ético moral muy importante porque le da lugar a quienes estarían destinados a condiciones muy precarias, como por ejemplo aquellas personas que recuperan su libertad luego de haber cumplido una condena», graficó Chena.

De manera similar, la economía popular suele ser el sistema que cobija a quienes, por ejemplo, lograron salir de trabajos semiesclavos en el rubro textil, donde padecieron «condiciones de precariedad extrema».

«Ahí está la diferencia entre una economía informal, al servicio de un capital monopólico, versus la economía popular que saca a esas trabajadoras de esos lugares clandestinos y las coloca en cooperativas o polos productivos, donde pueden desarrollar su propia capacidad de organización y comercialización», insistió Chena.

Es que «muchas veces la informalización es utilizada para cubrir una ilegalidad y una precariedad, pero, en cambio, la economía popular batalla eso desde lo ético y lo moral», explicó.

La pata política está representada en las organizaciones sociales porque defienden una «agenda de institucionalización de esta economía para que sea valorizado un modo de producción nuevo, autogestionado por los trabajadores de los barrios».

En este escenario, según el portal Economía Solidaria, existen en el país «nada menos que casi 30 millones de personas asociadas a cooperativas y mutuales, las que conforman un espacio económico social y solidario que genera miles de puestos de trabajo con empresas líderes».

«Muchas de estas organizaciones superan los 150 años y, en su conjunto conforman una realidad capaz de generar servicios de calidad en pequeñas localidades, donde la rentabilidad no es atractiva para grandes empresas», señaló Economía Solidaria.

Luego de una semana intensa que tuvo como epicentro de las protestas el Aeroparque porteño, los peones de taxis vuelven a salir a la calle para mostrar su descontento con el funcionamiento de la aplicaciones móviles en territorio porteño.

Será con 5 asambleas masivas de afiliados del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) en puntos neurálgicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La situación derivará en cortes de calles, entre las 11 y las 13 horas, en Av. 9 de Julio y Av. San Juan, en Av. Rivadavia y General Paz, en el Puente La Boca, en Alberdi y General Paz y en Udaondo y Lugones.

Los taxistas pedirán que el gobierno porteño cumpla con la prohibición de circulación de las aplicaciones móviles que no consiguieron el aval legal para prestar servicios.

Además, se pedirá que se termine «la persecución judicial» contra los dirigentes del gremio que la semana pasada lideraron las protestas contra Aeropuertos Argentina 2000.

Es que luego de que consiguieron que la firma diera marcha atrás con su intención de habilitar una «parada» para Cabify, fueron denunciados varios integrantes del gremio acusados de «daños a la propiedad, entorpecimiento del transporte por tierra y un intento de infundir temor a la ciudadanía, mediante el ejercicio de violencia».

Para los trabajadores y para el gremio, la denuncia no es más que un intento de amedrentar la acción sindical para defender los derechos de los taxistas.

Una médica que cumplía tareas en el aeropuerto de Bariloche deberá ser indemnizada tras trabajar durante 10 años facturando como monotributista. La mujer había notificado a las empresas que cursaba un embarazo sin recibir respuesta, por lo que se consideró despedida.

El fallo que reveló LMCipolleti consideró que «la utilización de la facturación como medio de pago es la forma utilizada por la demandada para ocultar la relación laboral».

Además, la sentencia de la Cámara Primera del Trabajo consideró que se debía tener en cuenta el estado de gravidez de la trabajadora.

En este marco recordó que el art. 177 de la legislación laboral establece «garantizar a toda mujer durante la gestación el derecho a estabilidad en el empleo, el que tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación».

Por otro lado se consignó que la tutela dispuesta para la trabajadora en estado de gravidez en los tratados internacionales supone que los estados no pueden invocar la primacía de su ordenamiento normativo interno, lo que lleva además a analizar la prueba efectuada como corresponde con perspectiva de género.

De esta manera, la empresa de emergencias y Aeropuertos Argentina S.A deberán indemnizar a la profesional.

La profesional médica comenzó a trabajar el 1 junio del 2010 en las instalaciones de Aeropuertos Argentina 2000 SA, labor que cumplía durante todo el año; tanto en alta como en baja temporada de turismo y en forma exclusiva con guardias activas de 24 horas en temporada alta y pasivas cuando se retiraba del edificio.

La empresa dispuso que sea monotributista, debiendo abonar sus impuestos y seguro de mala praxis. El pago de sus salarios eran los días 20 de cada mes conforme las guardias y depositados en una cuenta bancaria a su nombre. En esas condiciones trabajó durante casi una década.

En diciembre de 2019 notificó su estado de embarazo y la fecha probable de parto. Ante reiteradas negativas remitió cartas documentos a la empresa de emergencias que la empleaba y a Aeropuerto Argentina 2000, con copia a AFIP, solicitando la regularización laboral denunciando sus condiciones de trabajo y a la segunda invocando su solidaridad.

Las dos empresas rechazaron, por distintos motivos, la relación laboral. Entonces, se dio por despedida e inicio la demanda denunciando la existencia de una relación encubierta, destacando las condiciones de trabajo, la subordinación económica mediante facturas en forma exclusiva y correlativa para la demandada, a las que se debió someter la trabajadora para poder mantener su fuente de trabajo.

Tras analizar las pruebas documentales y los testimonios coincidieron en que la actora era médica jefa de la dotación, chofer médico y enfermera. Asistía pacientes en vuelo o de aeropuerto.

El tribunal dio por acreditado que la relación que unía a la médica y a la demandada Emerger SA era la subordinada típica del derecho del trabajo. «Tengo por probado la subordinación técnica, jurídica y económica, a lo que se suma una cuestión importante que es la inserción de la trabajadora en la actividad normal y habitual de la empresa cumpliendo las funciones para la que fuera contratada – médica -en días específicos con guardias activas y pasivas, bajo el control de la empresa. a las que los trabajadores debía remitir incluso fotos de su entrada y salida al trabajo, percibiendo una remuneración por guardia efectuada conforme la facturación correlativa y a nombre de la empresa acompañada con la acción junto a las credenciales entregadas a la médica», expresó la sentencia.

Agregó que «la demandada no produjo prueba que acredite su postura de negar la relación laboral. Refuerza la misma el principio de la legislación laboral vigente, que garantiza a la mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo».

En cuanto a la responsabilidad solidaria, «ha quedado acreditado que la prestación de cobertura médica en el Aeropuerto de Bariloche, establecimiento, es esencial, dado que conforme las resoluciones y licitación incluso citadas por el alegato de la actora así lo establecen».

«El servicio de cobertura médica para los pasajeros en el aeropuerto que explota AA2000 es indispensable para el desarrollo de la actividad motivo por el cual considero que corresponde la responsabilidad solidaria requerida en la acción. Por otra parte AA200 no acreditó de forma alguna, lo que era su carga probatoria, haber controlado que la empleadora Emerger cumpliera los requisitos, en relación a sus trabajadores», finaliza el fallo.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas anunciaron para mañana un «panazo, verdurazo y chorimóvil» en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) como parte de una protesta en rechazo a la «especulación empresaria en los precios de los alimentos».

La jornada de protesta, convocada bajo el lema «Con la comida no se jode», se desarrollará mañana desde las 10 frente a la sede de la SRA, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

«Vamos a realizar un gran ‘panazo, verdurazo y chorimóvil’ frente a la Rural, donde todos los alimentos se repartirán de manera gratuita a los vecinos que los necesiten», indicaron los organizadores de la protesta.

«Nos volvemos a movilizar porque entendemos que no puede haber empresas y grupos que se enriquezcan y especulen a costa del hambre de nuestro pueblo. Le exigimos a las empresas integrantes de la SRA que retrotraigan sus precios mayoristas a valor de diciembre 2021«, señalaron

En rechazo a la «especulación empresaria en los precios de los alimentos», el sector reclama «avanzar en un incremento de las retenciones y control de las exportaciones, y ponemos a disposición al conjunto de nuestras organizaciones para acompañar al Gobierno en esa batalla».

«No les pedimos que no ganen, les pedimos que ganen menos, para que gane la mesa de alimentos de la gente», concluyeron.

La portesta es convocada por El Frente Germán Abdala, la Agrupación 27 de Abril de Panaderos, Movemos, Espacio Puebla, Movimiento Popular Liberación, el Partido Comunista, la organización Cumpas, la agrupación de los Metrodelegados Movemos el Subte, Abriendo Caminos, Soberana Izquierda Popular, Paritaria Social y Popular, el MTD Aníbal Verón y el Movimiento Territorial de Liberación.

En el marco de uno de los principales compromisos que asumió el Gobierno al llegar al poder (transformar planes sociales en empleo) se trabaja en la creación de “un monotributo productivo”, proyecto que ya se envió al Congreso, pero que será complementada por otra normativa que apunta a multiplicar el crédito bancario y no bancario para la economía popular.

El lanzamiento se acompañará con una modificación del compre estatal para darle mayor nivel de prioridad a asociaciones y cooperativas.

Esto ha sido necesario luego de comprobar que la histórica teoría del derrame no está funcionando desde hace varios años, pues no ha aumentado un solo punto la creación de trabajo formal en el sector privado. Por ese motivo se ha decidido ir directamente a avanzar con los trabajadores “cuentapropistas que trabajan en unidades de la economía popular”.

El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular marca que en esas condiciones hay actualmente unas 3 millones de personas. Pero escalando la producción y expandiendo la actividad podrían llegar a ser 8 millones. A ese universo buscan formalizarlo a través de un monotributo productivo. A diferencia de la herramienta ya existente, el monotributo social, que permite facturar hasta la categoría “A”, este permitiría registrar una mayor cantidad de ingresos, hasta la categoría “C”.

Según la iniciativa parlamentaria, el Estado se haría cargo por un determinado período de tiempo del componente de salud. Esos fondos no se volcarán en este caso a las obras sociales sino que se utilizarían para fortalecer el sistema público de salud y se les daría a los beneficiarios acceso a los programas oficiales como el Remediar. Quienes estuvieran comprendidos dentro de la nueva herramienta también tendrían cubiertos por dos años del componente jubilatorio.

El proyecto de ley también buscará modificar el régimen de compre estatal para darle un mayor grado de prioridad a este tipo de proyectos. “Está claro que con los planes sociales no alcanza y que el sector privado registrado hoy no puede dar solución a toda la demanda de empleo; hacer crecer a la economía popular es la única manera de romper con la pobreza estructural”, advierten desde la cartera de Juan Zabaleta.

Al mismo tiempo, un grupo de funcionarios terminará de pulir la letra final de un proyecto de “Desarrollo de la Economía Popular”. Según detallaron fuentes oficiales, el foco será fortalecer el acceso al crédito. Se apunta a que el 10% de los depósitos bancarios se utilicen para financiar unidades de este tipo aunque el eje central es la creación de un sistema de créditos no bancarios.

Se generaría un fideicomiso que estaría administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En todos los casos la tasa estaría subsidiada y muy por debajo a la que se ofrece actualmente en el mercado, pero no se utilizaría para gasto corriente. Sería destinada a la compra de maquinarias y a incrementar el capital de trabajo.

En la letra de la normativa que llegará en las próximas semanas al parlamento, también se incluye un nuevo régimen que ayudará a facilitar la formalización de las unidades productivas de la economía popular. Se incluiría la figura de asociaciones, que requieren de menor cantidad de integrantes que las cooperativas, y se apuntará a desburocratizar los trámites.

El diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA Hugo Yasky, habló sobre la situación económica del país  «las medidas anunciadas por el gobierno sobre las paritarias quedan a mitad de camino. «Hace falta un aumento de salarios general»

En diálogo con el programa Crónica Anunciada que se emite por Radio Futurock, Yasky aseguró  «La terapia de grupo no funcionó. No podemos avanzar solo en lo que los empresarios avalan»

Agregó además que no se puede ser homeopático a la hora de hablar de salarios y usar munición pesada para remarcar precios.

Yasky consideró también que el gobierno viene de atrás y los empresarios todos los días se la vuelven a facturar.

«No nos tiene que asustar que Alberto y Cristina tengan miradas distintas», dijo y arremetió contra Martin Guzman «El ministro de Economía toma distancia del padecimiento de los argentinos. Es como si fuera un testigo mudo de una lucha de clases donde ganan los de arriba»

Juan Pablo Acosta, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se refirió al aumento de precios y la matriz alimentaria del país en una nueva emisión de Enfoque TV.

“Hay que dar una discusión en relación a la matriz alimentaria del país. Vemos que el gobierno intenta controlar en el punto de despacho, supermercados etc, y está bien, esa puede ser una política pero si no te das una política de abastecimiento de alimentos siempre vas a tener problemas”, explicó Acosta, Coordinador Nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y delegado de La Patagonia por dicha organización. en una nueva emisión de Enfoque TV.

Durante el ciclo de entrevistas de Enfoque Sindical, el dirigente de la UTT afirmó que “Era necesario avanzar con Vicentín, para que podamos tener una empresa testigo en el mercado. Entendíamos que era una oportunidad histórica, hubiera sido una iniciativa, que de darse, hoy estaríamos hablando de otra cosa y tendriamos a disposición más herramientas para poder controlar la inflación en los precios de los alimentos”.

“Tenemos que empezar a hablar con los productores y productoras que somos parte de la solución”, explicó Acosta.

“El acceso a la tierra sería un primer punto que permitirá desenganchar una parte de la estructura de costo dolarizada de los alimentos. En esto proponemos un crédito blando para que los productores en vez de pagar un alquiler de las tierras paguen un crédito”.

En relación a los aumentos de precios señaló: “La otra parte de insumos que está dolarizada es la semilla y los agrotóxicos, que están en mano de las multinacionales, lo que proponemos es el proceso de producción agroecológico como segundo factor para desenganchar la dolarización de nuestros alimentos”.

“Necesitamos una política activa que fortalezca los procesos cooperativos, la pequeña y mediana agroindustria abastece a más del 60% del mercado interno de nuestro país, es un sector estratégico que no se lo está acompañando con políticas públicas que los fortalezca” y agregó: “Por otro lado también necesitamos del control fiscal de la exportación frente a la evasión de los grandes exportadores de granos de nuestro país, entendemos que es una fuente importantísima de ingreso de dólares pero hay que controlar”.

“Cuando el gobierno se sienta a hablar con la Mesa de Enlace, no con todo el campo, y así se monopoliza el diálogo con el gobierno, pero porque el gobierno lo hace, tiene que abrir el diálogo con todos los otros sectores”, en este sentido Costa analizó: “Necesitamos construir acuerdos con los sectores solidarios y cooperativos”.

El dirigente de la UTT agregó en relación al aumento de precios de los alimentos: “Hay que desarrollar los mercados de cercanía, todo es posible pero tiene que estar la decisión política, la propuesta de la empresa de alimentos estatal, que puede intervenir con una producción propia cuando se dispare algún precio, es una propuesta que se hizo desde el mercado central”.

Y recordó: “Cuando Alberto asumió dijo que si hacía algo mal se lo marquemos en la calle, nuestra organización está haciendo precisamente eso porque queremos que el pueblo deje de pasar hambre”.

Por último, Acosta manifestó que “el avance de la derecha no son buenas noticias”, y agregó que estos avances “aparecen por la incapacidad de la clase política en ir dando respuestas a las problemáticas del pueblo y cuando eso se empieza a agotar, y acá tienen muchísimo que ver los medios, en la construcción de estos candidatos”, en ese sentido entiende que “hay algo en esto de la no resolución de los problemas y eso genera que las expectativas están puestas en otros espacios que tiene estos discursos de extrema derecha”.

Enfoque TV es un programa quincenal, que se transmite los sábados a las 11 hs con la conducción de Emiliano Correia y Gustavo Sosa, y puede verse en las redes de Enfoque Sindical.

El secretario general del Sindicato de Mecánicos, Ricardo Pignanelli, destacó que en el sector automotriz «ya están viéndose las inversiones y se están tomando nuevos empleados» y remarcó que podrían generarse «2,5 millones de dólares en exportaciones».

El secretario general del Sindicato de Mecánicos, Ricardo Pignanelli, destacó que en el sector automotriz «ya están viéndose las inversiones y se están tomando nuevos empleados» y remarcó que podrían generarse «2,5 millones de dólares en exportaciones». «Si Cristina tiene que conducir, el peronismo va a estar atrás. Si le toca a Alberto, el peronismo también estará atrás» afirmó en declaraciones al programa Toma y Daca que se emite en AM750.

Sobre las paritarias sostuvo que “el ministerio de Trabajo nos comunicó que la semana que viene comenzaremos a negociar las paritarias de los talleres mecánicos”. “La iniciativa de adelantar las paritarias es buena, porque la paritaria es la solución”, dijo y opinó: “Nos habíamos quedado cortos, así que bienvenida sea la reapertura de las paritarias”.

Informate másGuerra a la inflación: rigen desde este lunes las nuevas canasta de productos frescos y esenciales

En cuanto a las diferencias de la coalición gobernante dijo que “hoy son tiempos de gobernanza. El peronismo tiene que gobernar en la unidad de concepción. Ahora, si en julio o en agosto de 2023 aparecen dos listas, el SMATA sabrá dónde posicionarse”

Sobre el sector que conduce dijo que “en SMATA, ya están viéndose las inversiones y se están tomando nuevos trabajadores” y aseguró que “nosotros podemos generar 2.500 millones de dólares en exportaciones”.

“Ayer hablé con el Presidente porque hay una resolución de BCRA que complica las importaciones. Yo le dije: ‘Si no se saca esa resolución, las casas matrices van a mandar los chips de producción a otros países’. Alberto me atendió y me dijo que iba a intervenir”, contó.

“Si el año que viene hay dos listas, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Nos tenemos que respetar”, dijo sobre las elecciones presidenciales en 2023. “Si Cristina tiene que conducir, el peronismo va a estar atrás. Si le toca a Alberto, el peronismo también estará atrás”, aseguró.

En cuanto a las políticas económicas sostuvo que “a Martín Guzmán le ha tocado una tarea muy difícil: tuvo que arreglar con bonistas y con el Fondo, con los bolsillos vacíos”.

“Por la Guerra en Ucrania hay consecuencias positivas y negativas: Alemania nos pide 6 o 7 mil unidades más y los acuerdos bilaterales en América Latina nos sumarán más exportaciones, pero esto no me puede poner contento. La Guerra no me gusta: nosotros sabemos de las secuelas por lo que pasó en Malvinas”, cerró.

La central sindical señaló como prioritario profundizar las acciones e inspecciones en defensa de los trabajadores «sometidos a condiciones de explotación intolerables».

La Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó este viernes al gobierno de la provincia de Buenos Aires «mayor dureza» en las acciones inspectivas en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de plataformas.

La central obrera se dirigió a la ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec para solicitar «profundizar» los controles iniciados contra las empresas del sector, que derivaron en la aplicación de multas millonarias a Rappi y PedidosYa, entre otros.

En una carta a la que accedió Mundo Gremial, y que lleva las firmas de Pablo Moyano, cosecretario general de CGT, y Mario Enrique, secretario gremial de la organización, señalaron que «tales medidas no han logrado aún torcer las voluntades de patronales que parecen decididas a no acogerse a la normativa laboral, conquistada en años de lucha».

En junio del año pasado, el gobierno bonaerense multó por más de 40 millones de pesos a las empresas PedidosYa, Glovo y Rappi por incumplimientos a la normativa laboral.

Las multas se aplicaron luego de 172 inspecciones realizadas en La Plata, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza.

Moyano y Manrique, en nombre de la central, expresaron la «satisfacción» ante el conjunto de medidas de control laboral impulsadas por la gestión de Axel Kicillof, aunque señalaron como prioritario se «profundicen las mismas, conforme demanda la necesidad del pueblo trabajador».

Los dirigentes afirmaron que quienes se desempañan como trabajadores y trabajadoras de plataformas «se ven sometidos a condiciones de explotación intolerables» y que la situación «amerita que se siga adelante con las acciones y aún se llevan adelante con mayor dureza».

Las secretarias y secretarios generales de sindicatos de prensa abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación ante la situación institucional que atraviesa nuestra 

En las últimas horas, ha tomado posesión del cargo el delegado normalizador designado por el Ministerio de Trabajo de la Nación tras un fallo bochornoso de la Sala VII de CNAT que pretende vulnerar el normal funcionamiento democrático de nuestra de organización.

Como otros sectores de la clase trabajadora, los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país atravesamos una situación de emergencia salarial.

En este contexto, es fundamental que la labor desarrollada por el delegado normalizador no limite ni demore la negociación colectiva, herramienta imprescindible para defender los salarios en un contexto de constante aumento de precios de bienes y servicios.

En este sentido, ratificamos lo resuelto por unanimidad en el plenario de secretarios generales del 10 de marzo pasado:

1) Que continúen en funciones los delegados paritarios Carla Gaudensi, Pablo Jiménez, María Ana Mandakovic y Flavio Ramírez, que vienen representando a nuestra organización en la mesa de negociación colectiva en los últimos dos años; y

2) Que se convoque a las instancias democráticas – plenario de secretarios generales – que nos permitan mantener activo y movilizado a nuestro gremio en lucha por nuestros salarios y condiciones de trabajo.

Por último, manifestamos nuestra intención de colaborar activamente con el proceso que encabeza el delegado normalizador con el objetivo de que se convoque lo antes posible al proceso electoral que permita recuperar el normal funcionamiento de nuestra organización nacional.

Buenos Aires, 8 de abril de 2022

Firmas: Agustín Lecchi (SINDICATO DE PRENSA DE BUENOS AIRES), Pablo Jiménez (ASOCIACIÓN DE PRENSA DE SANTA FE), María Ana Mandakovic (CÍRCULO SINDICAL DE LA PRENSA Y LA COMUNICACIÓN DE CÓRDOBA), Oscar Livera (SINDICATO DE PRENSA DE NEUQUÉN), Belén Cotine (SINDICATO DE PRENSA DE TANDIL), Rocío Davel (SINDICATO DE TRABAJADORES DE PRENSA DEL OESTE DEL CHUBUT), Atilio Javier Ramírez (ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CORRIENTES), Ricardo Domínguez (SINDICATO DE PRENSA DE FORMOSA), Silvina Ríos (SINDICATO ENTRERRIANO DE TRABAJADORES DE PRENSA Y COMUNICACION), Milton Fernández (SINDICATO DE PRENSA LA PAMPA SUR), Ana Baratúz (SINDICATO DE PRENSA DE SANTA CRUZ), Nelson Ceferino Namuncura (SINDICATO DE TRABAJADORES DE PRENSA DE VIEDMA), Fernando Díaz (SINDICATO DE PRENSA DE SALTA), Liliana Oviedo (SINDICATO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE SAN JUAN), María Laura López Silva (SINDICATO DE PRENSA BONAERENSE), Mónica Baeza (SINDICATO DE TRABAJADORES DE PRENSA DE COMODORO RIVADAVIA), Norman Evans (SINDICATO DE TRABAJADORES DE PRENSA DEL NORESTE DEL CHUBUT).

Nos quieren de rodillas y sin derechos!

Toda nuestra solidaridad con el Sindicato de Camioneros, los trabajadores y las trabajadoras del sector, y sus dirigentes.Comunicado de prensa de la #CFT

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